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Aleida Azamar Alonso* México ha tenido grandes transformaciones sociales en las últimas décadas: desde la apertura legislativa en favor de las familias no tradicionales, la despenalización del aborto y el debate en torno a la legalización de algunas drogas, entre muchas otras. La mayoría se han presentado gracias al incremento de la conciencia en la sociedad —en parte por el acceso a internet a través de las tecnologías móviles— y a la exigencia de ésta para que las autoridades construyan un México más incluyente que se apegue a las nuevas realidades. Aunque, en algunos casos, existe voluntad política para orientarse hacia una mayor protección de los derechos humanos y por reconocer las dificultades históricas de grupos marginados por cuestiones de género, condición económica, sexual, raza, etc., sigue patente el hecho de que hay desigualdad entre hombres y mujeres por la invisibilización de las múltiples responsabilidades que generalmente entendemos como “propias” de las mujeres: el cuidado del hogar, la manutención de los hijos, la responsabilidad de la crianza y los valores; es decir, la dinámica de trabajo de la mujer se multiplica a medida que se profundiza en las labores que “les son naturales”. Los hogares mexicanos se construyen sobre roles de género que normalizan el comportamiento de cada uno de los involucrados, siendo el de la mujer el más evidente al entregarse a ser madre, abandonando toda ambición personal, dejando la carga económica al hombre. El resultado es una figura de superioridad económica que impone la agenda familiar, mientras que la mujer se asume como dependiente y, por lo tanto, minimiza el valor de sus labores ­(Miranda, 2012). La mayoría de estos elementos son culturales y se deben a una construcción de justicia asimétrica que ha persistido en el tiempo debido a la prevalencia masculina sobre los cargos institucionales que emiten opiniones legislativas en torno a las obligaciones que tradicionalmente deben cumplirse y que ante su desobediencia justificaban agresiones —de diferentes dimensiones— contra la mujer, en la mayoría de los casos, dando lugar a la violencia de género (Casique, 2010). Dicho fenómeno tiene múltiples implicaciones que pueden pasar por normalizar una conducta tóxica como: los celos, el control de la pareja, familia o compañeras de trabajo, hasta la violación, el tráfico de personas o el homicidio. Debido al amplio abanico de acciones que pueden ejecutarse queda de manifiesto que no existe un estrato social, cultural o racial que esté libre de ésta. En México, en el año 2016, en promedio, 45% de las mujeres fueron afectadas por algún tipo de violencia de género, aunque la prevalencia nacional es que al menos 66% de las connacionales se vieron agredidas (INEGI, 2017). Destaca el hecho de que, en estas últimas, 43% de los criminales son la pareja emocional y el porcentaje se eleva hasta 47% si se trata de relaciones de menores de edad (INEGI, 2017), pero en el caso de las mujeres divorciadas el riesgo casi se duplica alcanzando 72%, aunque dicha medida se calculó para el año 2012 por lo que puede ser más elevada actualmente (Castro y Riquer, 2012). Por otro lado, de acuerdo con el INEGI, desde 2007 hasta la fecha,la tendencia de crecimiento en homicidios dolosos contra las mujeres había presentado un descenso constante, igual que en los homicidios hacia varones, pero comenzó a elevarse en el 2008, pasando de un promedio nacional de entre uno y dos por cada cien mil habitantes, hasta alcanzar 33 homicidios en el estado de Chihuahua en 2010 y 17 en Colima en 2016. En contraste, la tendencia para los hombres fue de 41 en 2010 y de 37 casos en 2016 a nivel nacional (INEGI, 2017). La situación que les diferencia —además de los números—, es que el patrón de decesos masculinos es constante y se observa de forma generalizada en el país respondiendo al marco de violencia desatado tras la estrategia política emprendida por el expresidente Felipe Calderón Hinojosa en 2007; mientras que la tasa de homicidios de las mujeres se ha presentado en 29 estados del país de forma intensificada en diferentes variaciones, lo que corresponde a un acto premeditado y enfocado hacia un grupo particular —mujeres— que bien podría ser parte de una estrategia de terror, sometimiento u otros intereses. Asimismo, podría ser parte de un fenómeno de riesgo global que ataca a todas las mujeres por igual; sin embargo, existen observatorios de violencia de género auspiciados por organismos internacionales como la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) que intentan identificar y llevar un registro sobre el número de asesinatos en cada país. Si se comparan naciones con mayor o igual nivel de violencia —dependiendo la fuente— con México, las cifras de feminicidios son notables. En Guatemala, país que ha sido calificado como uno de los más violentos del mundo, su tasa de feminicidio nacional es de 2.5 y en Venezuela es de 0.8. Asimismo, las naciones con mayores tasas de feminicidio son El Salvador y Honduras con 10.2 y 11 respectivamente, aunque en estos países dichas tasas han ido en descenso durante esta década. Es decir, existen razones para establecer que México tiene un problema que amenaza a las mujeres, el cual está vinculado a diferentes niveles de la sociedad e instituciones de seguridad pública y no puede ser ignorado por más tiempo, sobre todo al considerar que las tasas de violencia y homicidio tienen tendencia creciente. A pesar de ello, se debe reconocer el importante trabajo de las políticas públicas enfocadas a apoyar a las víctimas, de las organizaciones sociales públicas y privadas, así como de académicas y académicos que han fomentado la discusión del tema y el desarrollo de un marco normativo que busca reforzar la seguridad de las mujeres. * Profesora-investigadora del Departamento de Producción Económica, de la Unidad Xochimilco de la Universidad Autónoma Metropolitana. http://www.cronica.com.mx/notas/2018/1085457.html