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*Aleida Azamar Alonso Desde principios de este siglo, el gobierno federal ha impulsado una serie de reformas en el sector energético, así como la creación de zonas económicas especiales, lo anterior ha potenciado el interés de diversos inversionistas que buscan aprovechar los múltiples recursos naturales del sur del país mediante la creación de minas, plantas de extracción petrolera, presas y otros megaproyectos de la misma índole. La zona sur de México se encuentra marginada del modelo productivo nacional desde hace décadas. En particular, en el estado de Oaxaca las amenazas a la vida por los megaproyectos son diversas, destacan casos como: el río Verde por ser uno de los más importantes en la entidad, ya que alimenta a varios municipios y en éste se planea construir la hidroeléctrica Paso de la Reina, la cual desecaría parte del río, además de que podría hundir algunos poblados. Este proyecto, realizado por el mismo estado se apropiaría de territorios comunales y pondría en riesgo la biodiversidad local al afectar el cauce natural del río. Por otro lado, carece de consenso social debido a que los habitantes de la región se encuentran en contra de su construcción. Otro ejemplo es el aprovechamiento de la energía eólica del Istmo de Tehuantepec, ya que la mayor parte de la que se genera es empleada para las grandes empresas y no para las comunidades. Al menos 20 mil hectáreas de suelo rural en el que están instaladas varias poblaciones indígenas se han visto afectadas por las concesiones que se han otorgado de forma turbia. Además, las industrias encargadas del desarrollo de los parques eólicos abandonan el lugar después de terminados los proyectos y únicamente se dedican a pagar las rentas de quienes pueden demostrarse dueños de los espacios donde se instalan los aerogeneradores, por lo que se profundiza la desigualdad económica, se afecta el espacio de cosecha y se generan daños a los animales, tanto aves que mueren al estrellarse con las aspas, como algunos animales de granja que por el estrés se ven afectados en sus funciones vitales. (New York Times, 2016). En cuanto a las actividades mineras, solamente en el siglo XXI el Gobierno federal ha autorizado más de 1,000 títulos de concesión en este estado -aproximadamente son 350 los que se mantienen vigentes-, abarcando más de 90 municipios de Oaxaca que han afectado casi medio millón de hectáreas y que estarán vigentes por un periodo de 50 años, más otros 50 que son prorrogables de acuerdo con la ley (EDUCA, 2016). Además, la quinta parte de estas hectáreas están monopolizadas por una sola empresa canadiense: Fortuna Silver Mines, a través de sus filiales mexicanas. En particular, para las actividades mineras, el estado irresponsablemente se ha empeñado en promover dicha actividad (por ello se explica de forma más amplia este tema en este artículo). Ejemplo de esto es lo que sucedió en marzo de este año en el marco de la Feria Internacional Minera, acaecida en Canadá, donde el gobernador de Oaxaca destacó el trato preferencial que reciben los empresarios de dicha industria al invertir en esta entidad. De los más de 30 proyectos mineros que existen en dicho estado, dos se encuentran en etapa de producción y pertenecen a Fortune Silver (Mina San José, en San José del Progreso) y a Gold Resource Corporation (Mina El Águila, en San Pedro Totolapa). Además, son proyectos que se encuentran en conflicto con la población. Empresas como Fortune Silver tienen un gran historial de denuncias públicas y penales, ya que durante las protestas encabezadas por la población en el año 2012, en rechazo a la actividad minera, fueron asesinados cuatro activistas que se oponían a dichas actividades, otras ocho personas quedaron heridas (todos estos casos sólo se registraron como posibles sospechas, pero no hay una sentencia probatoria hacia la empresa). Asimismo, ha existido acoso y violencia contra la comunidad. Y es que hay múltiples intereses económicos de por medio, pues Fortune Silver y Gold Resources ha invertido más de seis mil millones de pesos en tan sólo cinco años con la intención de incrementar el potencial productivo en esta entidad, ya que solamente 5 por ciento del territorio ha sido explorado. Los beneficios monetarios que estas compañías han recibido son muy altos debido a que estos años de inversión coinciden con el dramático incremento en el precio de la plata y el oro a nivel internacional, pero también concuerdan con las denuncias de la Auditoria Superior de la Federación en las que se reconoce que solamente 30 por ciento de las empresas mineras del país pagan todos los impuestos que deberían. Esto contrasta con los nulos beneficios económicos que ha generado esta actividad extractiva para las arcas del Estado y para la economía de Oaxaca, ya que esta última ha crecido 1.6 por ciento en promedio en el periodo 2000-2017, lo que no se ve reflejado en el bienestar de sus pobladores (el nivel de pobreza y la marginación son más elevados que en el resto del país). El ignorar las necesidades de la población debido a la negligencia institucional ha originado daño al tejido social y ha violentado gravemente a los habitantes de Oaxaca. Por ello, es fundamental mantener la oposición, pero también establecer redes entre todas las comunidades de dicha entidad y de los demás estados con la finalidad de crear un cinturón de seguridad que sea infranqueable para las empresas, organizar comisiones específicas para riesgos sociales (apropiación de territorios), ambientales (daños potenciales al medio ambiente) y culturales (destrucción de espacios comunes), pues ante la inacción del Estado lo más importante es mantener la unidad social. * Profesora-investigadora del Departamento de Producción Económica de la Unidad Xochimilco de la Universidad Autónoma Metropolitana. http://www.cronica.com.mx/notas/2018/1089823.html